En respuesta a los graves problemas ambientales que se presentan a nivel
mundial, se han desarrollado una serie de leyes y políticas en educación ambiental
enfocadas a mitigar el fuerte impacto que éstos traen en diversos campos de la
sociedad. Para Colombia, a través de la Constitución Nacional de 1991 y el Ministerio
de Educación Nacional, se le asigna al gobierno y en particular al sector educativo y
a la sociedad civil, “la tarea de consolidar programas, que atendieran la necesidad de
incluir, de forma sistemática, la dimensión ambiental en el sector formal, no formal
e informal de la educación, en el marco de sus competencias y responsabilidades”
(Torres, 1986).
Consecutivamente, muchos han sido los esfuerzos por parte del país, para
incluir el tema ambiental en procesos educativos, tomando como referente que este
sector posee el poder dinamizador de cambio; se ha pasado entonces, desde esfuerzos
legislativos, entre los que vale la pena mencionar, la Ley General de Educación 115/94,
el Decreto 1860/94 mediante el cual se reglamenta dicha Ley y el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el Decreto 1743/94, esfuerzos de largo aliento que fortalecen el
proceso de formulación e implementación de instrumentos, como es el caso de los
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE´s), que han jugado un papel importante en la
apertura de espacios formativos.